En una de sus últimas declaraciones, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparado al fiscal general del Estado con un "delincuente común" por el borrado de los mensajes de su móvil. La acusación, revestida de indignación moral, plantea un problema de coherencia cuando se recuerda la actuación de su propio partido en el célebre caso de los discos duros de Luis Bárcenas.
Para quienes no lo recuerden, cuando estalló el escándalo de la financiación ilegal del PP con la aparición de los "papeles de Bárcenas", la reacción del partido no fue precisamente la transparencia. Al contrario, los discos duros de los ordenadores del extesorero fueron destruidos de manera sistemática: se les aplicó un borrado intensivo, se sobrescribieron múltiples veces y finalmente se destruyeron físicamente a martillazos. Un acto que, lejos de ser un protocolo estándar, fue considerado por la justicia como una obstrucción a la investigación.
El resultado de este episodio fue la condena del Partido Popular en 2018 como partícipe a título lucrativo en una trama de corrupción. Es decir, no hablamos de una simple irregularidad administrativa, sino de un partido político condenado por haberse beneficiado de dinero negro.
Ante este antecedente, la indignación de Feijóo por la eliminación de mensajes en un teléfono móvil suena, cuanto menos, oportunista. Si bien la transparencia en las instituciones debe ser exigida en todos los niveles, es llamativo que el presidente del PP no haya aplicado la misma vara de medir a los escándalos de su propia formación.
Resulta paradójico que el mismo partido que destrozó pruebas clave en un caso de corrupción ahora presente el borrado de unos mensajes como un atentado contra la justicia. Quizá Feijóo debería recordar que, antes de acusar a otros de delincuentes, su partido ya tiene condenas en firme por corrupción y destrucción de pruebas. La memoria, al igual que la justicia, no debería ser selectiva.
¿Quién es el "delincuente común" ahora?
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